El proyecto de nueva constitución dispone expresamente que: “El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”. De esta manera se pone término al debate político desatado por el movimiento secundario allá por el año 2001 (a propósito del pase escolar), respecto del descuido de la educación pública y la aplicación en materia educacional del principio de subsidiariedad. Mientras la carta de 1980 y sus modificaciones establecen que “corresponderá [,,,] al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles”, la nueva normativa consagra el derecho a la educación y al aparato público como el obligado a asegurar su satisfacción. Dispone al respecto el proyecto de nueva Constitución: “La Educación es un deber primordial e ineludible del Estado”; así como que el financiamiento de las instituciones estatales, en concreto las de educación superior, debe “garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad”.
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Editorial Semanario
11 de mayo de 2022 - Educación Superior y Nueva Constitución: Pobreza Franciscana en Tiempos Desafiantes
El movimiento estudiantil, tanto escolar como universitario, operó entre los años de 2001-2019 como una fuerza política y una manifestación cultural decisiva para romper la legitimidad del modelo neoliberal. La consigna No + Lucro cuestionó los fundamentos del modelo económico. El movimiento estudiantil puso, junto a otros movimientos, a los derechos sociales como la vara de medida de la legitimidad del orden constitucional heredado de la dictadura.
4 de mayo de 2022 - ¿En que está la formulación participativa de los nuevos estatutos de las universidades estatales?
Se vive por estos días el relevante e histórico proceso de formulación de los nuevos estatutos de las universidades estatales. La ley que dio pie a este fenómeno dispuso en su articulado transitorio: “Las universidades del Estado deberán adoptar procesos públicos y participativos, en que intervengan los distintos estamentos de la comunidad universitaria”, haciendo patente el carácter ilegítimo de los estatutos que permitieron la actuación de los rectores delegados.